Una doctrina inútil

Hace algunas semanas, tres representantes de Naciones Unidas avisaron tras una visita conjunta a la República de Yemen de la situación que el país está atravesando. En un comunicado oficial informaron de las dos amenazas más importantes para la población civil: la erupción del cólera con unas 400.000 personas potencialmente contagiadas y 1.900 muertes hasta la fecha del comunicado, y la hambruna por las consecuencias de la guerra civil. Según el comunicado, 60 por ciento de la población no saben dónde van conseguir su próxima comida y 2.000.000 de niños se encuentran en un estado de aguda malnutrición. Ambos malos conducen a una muerte muy lenta. It’s a slow death, titulaba The New York Times en agosto.

Fuente: Médicos sin Fronteras 

La situación en Yemen es parecida a la de la otros escenarios ya bien conocidos de los medios, especialmente Libia, Iraq y Siria. Son países que sucumbieron a una guerra civil tras las protestas durante la Primavera Árabe y los intentos de relevar a los regímenes autócratas (o dictatoriales). La situación en estos tres países está más presente en nuestras mentes que la de otros países, como Yemen o Somalía. Todos tienen en rasgo en común, se trata de Estados fallidos, es decir, las instituciones gubernamentales ya no son capaces de garantizar ni el funcionamiento de las administraciones ni la seguridad de la población civil. En muchos casos, es el mismo gobierno que persigue a grupos de la población, sea por ser de una determinada etnia o porque los considera rebeldes. Hablaríamos entonces de una guerra civil, algo de lo que las generaciones mayores en nuestro país aún se acordarán

¿Qué puede hacer la comunidad internacional para parar o al menos aliviar estas desastres?

Las diferentes organizaciones de la ONU, especialmente UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), la WHO (World Health Organization) y el WFP (World Food Program) están siempre en los lugares donde la población más vulnerable sufre las consecuencias de los conflictos. Pero apenas consiguen paliar los efectos. Hace falta más: un verdadero compromiso de la Comunidad Internacional. Este es el mensaje de una doctrina que recibió el nombre de Responsabilidad de proteger. La idea detrás de este concepto es que tanto la Comunidad Internacional como los gobiernos están obligados de proteger a la población, por tanto, se trata de una responsabilidad compartida.

¿Por qué se inventa un concepto que parece una obviedad?

Para encontrar la respuesta hay que mirar el entorno internacional en su conjunto. En la actualidad, los diferentes países de nuestro planeta forman parte de la Organización de Naciones Unidas. Son 193 países en total, cada uno con su representación en la Asamblea General y con la garantía que tanto su soberanía como sus fronteras se respetarán. Estos principios, la soberanía nacional y la inviolabilidad de las fronteras, son los signos del sistema internacional que surgió tras la firma del Tratado de Paz de Westfalia. Todos los Estados que firman los estatutos de la ONU, se comprometen a respetar los otros Estados miembros en igualdad de condiciones.

¿Estamos entonces obligados a observar con impotencia lo que ocurre en Siria o Yemen?

En principio sí, y en principio no. La doctrina de la responsabilidad de proteger es el título de un informe que se publicó por encargo del Secretario General de la ONU en 2001. La comisión que se encargó de analizar cómo puede actuar la ONU en los conflictos actuales, llegó a la conclusión que la Comunidad Internacional no solo puede, si no que debería actuar cuando un Estado no está en condiciones o dispuesto a poner fin a la violencia dentro de sus fronteras. La gran mayoría de los conflictos actuales son intraestatales, es decir, se producen dentro de un país y sus fronteras. El informe defiende como último recurso también el uso la fuerza militar cuando un medidas pacíficas no surten efecto. Ahí está el dilema: o se respeta la soberanía e integridad de otro Estado y se acepta el sufrimiento de la población, o se actúa miltarmente, lo que también conlleva un riesgo para la población y tal vez también la lesión de un principio legal. Legalidad o legitimidad, ¿qué dimensión pesa más?

Desde su publicación en 2001, se ha debatido mucho sobre este informe. Defensores de la responsabilidad de proteger ven en esta doctrina una herramienta con la que se podrían evitar genocidios como los de Ruanda (1994) o Srebrenica (1995). Por otra parte, muchos internacionalistas criticaron que las grandes potencias podrían usar esta doctrina para perseguir sus propios intereses geopolíticos, como una especie de “neocolonialismo”.  

Propuestas posteriores a este informe incluyen sanciones económicas y políticas de forma escalonada, o asistencia a los gobiernos en sus esfuerzos de proteger a los civiles. Desde 2009 se debatió también la creación de sistemas de alerta temprana que supervisan determinados países cuando hay señales de persecución étnica, o que se están preparando desplazamientos forzosos o incluso matanzas organizadas. Estas acciones tienen que prepararse y el tiempo de preparación daría a Naciones Unidas la posibilidad de reaccionar. Hasta aquí la teoría y los buenos propósitos ….

¿Ha servido para algo?

Es una pregunta que no es fácil de responder. La ONU cita varios casos, en los que la organización prestó ayuda al gobierno para que éste asumiera su responsabilidad de proteger a la población. Ejemplos son Sudán del Sur, Côte d’Ivoire y sobre todo Libia, los tres casos datan del año 2011. Libia fue un caso especial, porque fue la primera vez que el Consejo de Seguridad aprobó en una resolución tomar “todas las medidas necesarias” sin el consentimiento del régimen de Gadafi. Hasta 2010, se había buscado siempre el consentimiento del gobierno en cuestión. La OTAN se encargó de proteger militarmente un corredor para que los los civiles pudieran abandonar las zonas de conflicto, pero la protección inicial se extendió luego hacia bombardeos de las fuerzas gubernamentales, lo que ayudó finalmente a los rebeldes a derrocar Gadafi, un fin que no estaba previsto en la resolución del Consejo de Seguridad. Rusia y China, que con su abstención habían facilitado las resoluciones 1970 y 1973 del Consejo, tomaron nota y han bloqueado desde entonces cualquier intento de soluciones parecidas para Siria. 

Como consecuencia, la doctrina de la Responsabilidad de proteger está en un punto muerto. Ha quedado patente que las grandes potencias no dejarán de perseguir sus propios intereses geopolíticos en ningún momento. Tanto Rusia como Estados Unidos tienen sus intereses particulares en la zona del Próximo Oriente. Tampoco se han movido por la población de Yemen, probablemente también por miedo a chocar con otra potencia en la zona, Arabia Saudí.

Las guerras de nuestra era ya no se llevan entre ejércitos. En los conflictos actuales, se atacan principalmente infraestructuras civiles, lo que conduce inevitablemente al éxodo masivo de personas como hemos visto en estos últimos años. La idea de una responsabilidad de proteger nació al principio del nuevo milenio, con el objetivo de mejorar la protección de las personas, pero mientras no haya cambios en el Consejo de Seguridad, el único órgano competente para emitir resoluciones vinculantes para la Comunidad Internacional, no parece muy probable que las cosas cambien satisfactoria para las víctimas de los conflictos. 

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